En los últimos siete meses, cuatro alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinadas, lo que ha generado preocupación en la comunidad universitaria y en las autoridades locales. Entre las víctimas se encuentra Claudia Tacoronte, una estudiante española que estaba de intercambio en Cuernavaca cuando fue encontrada sin vida. Su caso, junto con otros tres feminicidios no resueltos, ha revelado una ola de violencia que afecta a las mujeres en el estado, donde Morelos se ubica como el sexto lugar en el país con más casos de feminicidios.
Según datos oficiales, en lo que va del año se han registrado 69 mujeres asesinadas en Morelos, cifra que refleja una crisis de violencia de género en la región. Las autoridades han señalado que los casos de las alumnas de la UAEM están siendo investigados, pero hasta ahora no se ha revelado información sobre los responsables. La falta de resoluciones en estos casos ha generado críticas sobre la eficacia de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en el estado, especialmente en entornos educativos.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que cuenta con más de 70 mil estudiantes, ha sido cuestionada por la falta de medidas preventivas para proteger a su comunidad. Representantes de la institución han mencionado que están revisando protocolos de seguridad, pero no han detallado acciones concretas. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y activistas exigen una mayor transparencia y acciones inmediatas para evitar más tragedias, especialmente en un contexto donde la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural.
El caso de Claudia Tacoronte ha llamado la atención internacional, ya que su muerte en un país extranjero ha expuesto las vulnerabilidades de las estudiantes en el estado. Expertos en seguridad pública señalan que la falta de coordinación entre instituciones y la desatención de denuncias previas pueden haber contribuido a la escalada de violencia. En este marco, se plantea la necesidad de implementar programas de prevención, capacitación en género y mecanismos de denuncia confidenciales para proteger a las mujeres en espacios educativos y públicos.