La administración de Donald Trump está presionando a México para que inicie investigaciones y procese a políticos vinculados al crimen organizado. Según fuentes familiarizadas con el asunto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo han hecho solicitudes en al menos tres ocasiones para que México investigue y, si corresponde, extradite a estos políticos a Estados Unidos si hay cargos penales contra ellos.
Estas solicitudes se han planteado en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos, incluyendo al canciller Juan Ramón de la Fuente, al fiscal Alejandro Gómez y al secretario de seguridad Omar García Harfush. Los funcionarios estadounidenses han pedido acciones contra varios políticos del partido Morena, incluso amenazando con imponer más aranceles si México no toma medidas.
La administración de Trump justifica esta presión argumentando la creciente influencia de los cárteles sobre el gobierno mexicano. El objetivo es lanzar una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción, lo que podría afectar a funcionarios de alto rango mientras estén en el cargo.
A pesar de estas presiones, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha rechazado que Estados Unidos esté presionando al país para procesar y extraditar a políticos con vínculos con los cárteles, afirmando que todas las conversaciones mantenidas entre ambos países sobre seguridad y otros temas han sido informadas de manera transparente a la opinión pública.