La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el cierre de escuelas militarizadas para el ciclo escolar 2026-2027, según informó en un comunicado oficial. Este anuncio se dio tras el caso de Dafne, una estudiante que fue víctima de abuso en una de estas instituciones, lo que generó un escándalo nacional y presionó al gobierno para revisar su modelo educativo. Las escuelas con nombres como «militarizada» o «castrense» deberán dejar de operar, y sus directivos deberán devolver los recursos y documentos de los estudiantes de inmediato.
El cierre afectará a más de 300 escuelas en todo el país, según datos de la SEP, que destacó que estas instituciones han sido objeto de críticas por su enfoque autoritario y falta de transparencia. La medida busca garantizar un entorno educativo más seguro y democrático, aunque algunos padres de familia han expresado preocupación por la pérdida de opciones educativas en zonas rurales o marginadas donde estas escuelas eran la única alternativa.
El caso de Dafne, quien denunció haber sido sometida a tratos inhumanos por parte de personal docente, fue clave para impulsar este cambio. La investigación reveló irregularidades en el manejo de las escuelas militarizadas, incluyendo la falta de supervisión externa y la ausencia de protocolos claros para reportar abusos. La SEP destacó que el cierre no implica un ataque a la educación militarizada en general, sino una reestructuración para cumplir con estándares legales y éticos.
Las consecuencias de esta decisión aún no están claras. Mientras que organizaciones defensoras de los derechos humanos celebraron el anuncio como un paso hacia la protección de menores, otros sectores cuestionan si el cierre será efectivo sin alternativas viables para los estudiantes. Además, las escuelas afectadas podrían enfrentar procesos legales por no cumplir con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas, según explicó un portavoz de la dependencia.