El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Morales Rivera, presentó una iniciativa en la Legislatura de Nuevo León para reforzar la supervisión en obras públicas y privadas, con el objetivo de prevenir accidentes laborales y mejorar las condiciones de seguridad en las construcciones. La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por la falta de cumplimiento de normas técnicas y de seguridad en proyectos de infraestructura en el estado.
La iniciativa busca establecer un catálogo de obligaciones específicas para los directores de obra, quienes serán responsables de garantizar el cumplimiento de estándares técnicos, la capacitación del personal y la aplicación de protocolos de emergencia. Morales Rivera destacó que la medida busca unificar los criterios de responsabilidad en las construcciones, evitando que la falta de supervisión o la improvisación generen riesgos para trabajadores y la población cercana a los sitios de trabajo.
El proyecto se enmarca en un escenario donde, según datos oficiales, al menos 15 accidentes laborales en construcción se han reportado en Nuevo León durante el primer semestre de 2024, muchos de ellos atribuibles a fallas en la gestión de los proyectos. La reforma pretende que los directores de obra cuenten con certificaciones técnicas y que sus responsabilidades sean claramente definidas, con sanciones para quienes incumplan con las normas establecidas.
La propuesta enfrenta desafíos, como la necesidad de capacitación continua para los profesionales involucrados y la creación de mecanismos efectivos de monitoreo. Además, se plantea la posibilidad de que las autoridades locales y federales colaboren para implementar inspecciones periódicas y sanciones proporcionalmente agravadas. Si se aprueba, la iniciativa podría servir como modelo para otras entidades federativas que enfrentan problemas similares en su sector de construcción.
El diputado Morales Rivera argumenta que la medida no solo protegerá la vida de los trabajadores, sino que también fortalecerá la transparencia en las obras públicas, evitando la corrupción y el mal uso de recursos. Sin embargo, expertos en el sector advierten que el éxito dependerá de la voluntad política para aplicar las normas sin distinciones, así como de la participación activa de sindicatos y organizaciones de seguridad laboral en el proceso de supervisión.