El aspirante a la Coordinación de la Defensa en el estado de Nuevo León, Waldo Fernández, exigió una investigación inmediata sobre presuntos fraudes inmobiliarios que han afectado a familias en la región. En un comunicado difundido en redes sociales, Fernández señaló que existen irregularidades en operaciones de desarrollo inmobiliario que han dejado a ciudadanos sin sus propiedades, sin garantías legales ni respuestas claras de las autoridades.
La solicitud del político se enmarca en un contexto de creciente descontento por casos de especulación y falta de transparencia en proyectos inmobiliarios, especialmente en zonas de expansión urbana. Según informes recientes, varios desarrolladores han sido acusados de vender terrenos sin permisos o con documentación falsa, lo que ha generado conflictos legales y pérdidas económicas para los compradores. Fernández destacó que la coordinación entre gobiernos estatal y federal es clave para evitar que más personas caigan en estas prácticas.
El caso más reciente que motivó la denuncia fue el de un grupo de familias que adquirieron viviendas en un fraccionamiento en la zona metropolitana de Monterrey, pero al momento de la entrega, descubrieron que los terrenos no estaban registrados en el catastro oficial. Esta situación, según expertos, es común en áreas donde la regulación no acompana el ritmo de construcción. Fernández pidió que se investigue a funcionarios públicos que podrían haber facilitado estos trámites ilegales, así como a empresas que operan sin supervisión adecuada.
Las consecuencias de estos fraudes van más allá de la pérdida de patrimonio: generan desconfianza en el sistema de vivienda y afectan la estabilidad económica de miles de hogares. Además, podrían desencadenar acciones legales colectivas y presionar a las autoridades para que implementen mecanismos más estrictos de control en el sector inmobiliario. Aunque no se especificó el número exacto de familias afectadas, la problemática ha sido reportada en múltiples ocasiones, lo que refuerza la necesidad de una respuesta institucional clara y efectiva.