El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo un foro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para definir su estrategia de seguridad en preparación para las elecciones federales de 2027. Durante el evento, participaron exgobernadores de distintas entidades federativas, representantes de instituciones de seguridad pública y expertos en políticas públicas. El objetivo fue analizar modelos efectivos para reducir la delincuencia y presentar una propuesta coherente que se convierta en eje central de su plataforma electoral.
Entre los asistentes destacaron figuras como el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Alfonso Durazo Montaño. Estos actores analizaron experiencias exitosas en la prevención del crimen, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. Los debates se centraron en temas como la modernización de las fuerzas policiales, la implementación de tecnologías para la vigilancia y la creación de programas de reinserción social para delincuentes.
El foro se realizó en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en múltiples estados de México, especialmente en zonas con altos índices de violencia relacionada con el crimen organizado. El PRI, que ha sido uno de los partidos con mayor influencia en la política nacional, busca consolidar su propuesta de seguridad como una alternativa a las estrategias de otros partidos. Las conclusiones del encuentro serán integradas a su plataforma electoral, que se presentará en septiembre de este año, según confirmaron fuentes del partido.
Las propuestas del PRI podrían incluir medidas como la creación de una fuerza policial estatal con mayor autonomía, la expansión de programas de prevención comunitaria y la fortalecimiento de la cooperación entre autoridades locales y federales. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que la efectividad de estas iniciativas dependerá de la capacidad institucional y la disponibilidad de recursos. Además, su impacto en las elecciones de 2027 dependerá de cómo se perciba ante la población, especialmente en regiones donde la desconfianza en las instituciones es alta.