El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la organización Artículo 19 denunciaron un caso de censura contra periodistas detenidos en San Luis Potosí, donde la periodista Eréndira Reyes y su hija fueron acusadas de presunto uso ilegal de inteligencia artificial (IA) por manipular identidad digital. Las autoridades locales informaron que las mujeres enfrentan cargos por violar normas relacionadas con el uso de tecnologías que podrían afectar la integridad de datos personales, aunque las organizaciones internacionales cuestionan la legitimidad de las acusaciones.
El caso ha generado controversia debido a la reciente entrada en vigor de la Ley de Inteligencia Artificial en México, que busca regular el uso de tecnologías avanzadas. Organizaciones como el CPJ y Artículo 19 alertaron que esta normativa podría ser utilizada como herramienta para reprimir críticas al gobierno o a instituciones, especialmente en contextos de conflicto o denuncia. Las acusaciones contra Reyes y su hija, que trabajan en medios locales, han sido interpretadas como una posible estrategia para silenciar voces independientes.
Eréndira Reyes, reconocida por su labor en reportajes sobre corrupción y seguridad en la región, y su hija, quien también se dedica a la comunicación, fueron detenidas en el marco de una investigación que aún no ha revelado detalles sobre las pruebas presentadas. Las autoridades no han especificado cómo se relaciona el uso de IA con las acusaciones, lo que ha generado incertidumbre sobre el alcance de la ley y su aplicación en casos de libre expresión. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen transparencia y un análisis independiente del caso.
El caso de San Luis Potosí se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre el uso de tecnologías emergentes y la protección de la libertad de expresión en México. Mientras el gobierno promueve la regulación de la IA como un mecanismo para evitar abusos, grupos de defensa advierten que la falta de claridad en las leyes podría facilitar la represión. La situación de Reyes y su hija ha generado llamados a garantizar que las normativas no se conviertan en instrumentos para limitar el derecho a informar, especialmente en regiones con altos niveles de violencia y corrupción.