El gobierno del estado de Nuevo León convocó a la oposición política a una mesa de trabajo para discutir el Presupuesto estatal de 2027, en un intento por resolver las tensiones que han surgido entre el Ejecutivo y los partidos de oposición. El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, anunció la iniciativa durante una rueda de prensa, donde negó tajantemente la existencia de adeudos por parte del gobierno estatal. La reunión está programada para el 2 de septiembre, aunque su éxito dependerá de la disposición de los diputados para participar sin condiciones previas.
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) han condicionado su participación a que se cubran los $1,200 millones que, según ellos, el gobierno estatal debe a los municipios. Esta exigencia surge en medio de un descontento generalizado por la falta de pago de recursos que los ayuntamientos consideran comprometidos. Los legisladores argumentan que sin el cumplimiento de estas obligaciones, no podrán abordar el tema del presupuesto con la seriedad que requiere.
El contexto de la disputa se enmarca en un escenario de tensiones financieras y políticas en Nuevo León. Los municipios, que dependen en gran medida de los recursos transferidos por el gobierno estatal, han denunciado retrasos en los pagos, lo que ha generado conflictos con las autoridades locales. El gobierno, por su parte, ha reiterado que no existe un déficit presupuestario y que las operaciones financieras están en orden, aunque no ha proporcionado detalles sobre cómo se resolverán las demandas de los ayuntamientos.
La postura del gobierno podría tener consecuencias significativas para la estabilidad política del estado. Si la oposición rechaza participar sin que se resuelvan los adeudos, se podría generar un retraso en la aprobación del Presupuesto 2027, lo que afectaría la operación de múltiples programas y servicios públicos. Por otro lado, si el Ejecutivo cede a las exigencias de los diputados, podría enfrentar críticas por priorizar la cooperación política sobre la transparencia financiera.