El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acusó al alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, de ser «malagradecido» y de dejar el municipio en desorden. Durante un evento en el Polideportivo Alianza Real, García señaló que Escobedo es el municipio más violento de la entidad y anunció la iniciativa de una auditoría contra Mijes y su encargado de Despacho. Las declaraciones se dieron en medio de críticas sobre la gestión del alcalde en el contexto de la seguridad pública.
El mandatario estatal destacó que, a pesar de que Escobedo registra un 83 por ciento menos de delitos en comparación con años anteriores, el alcalde no cumple con sus responsabilidades. Según García, Mijes se encuentra «en campaña» y no atiende las necesidades del municipio. Esta acusación surge en un contexto de tensiones políticas entre el gobierno estatal y los municipios bajo control de partidos distintos al del gobernador.
La denuncia de García se enmarca en un debate sobre la eficacia de las autoridades locales en la reducción de la violencia. Aunque el municipio ha logrado una disminución significativa en los índices delictivos, el gobernador cuestiona la transparencia y la gestión del alcalde. La auditoría anunciada podría incluir revisión de contratos, gastos públicos y acciones tomadas por el ayuntamiento en materia de seguridad.
Las acusaciones de García no son nuevas; en el pasado han surgido críticas sobre la falta de coordinación entre el gobierno estatal y los municipios. Sin embargo, esta vez el tono es más intenso, con el gobernador exigiendo responsabilidad directa del alcalde. La situación refleja un conflicto entre el poder central y las autoridades locales, lo que podría generar tensiones en la gobernanza regional.
El alcalde Andrés Mijes no ha respondido públicamente a las acusaciones, pero su oficina podría enfrentar presiones para aclarar el manejo de los recursos y las políticas públicas. La auditoría, si se concreta, podría tener consecuencias legales o políticas, dependiendo de los hallazgos. La situación también pone en evidencia la complejidad de la cooperación entre niveles de gobierno en un contexto de alta sensibilidad social.
La controversia en Escobedo resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Mientras el gobernador exige acciones inmediatas, la población local podría ver en este conflicto una oportunidad para exigir mayor claridad en la gestión de sus recursos. La resolución de este caso podría marcar un precedente en la relación entre el gobierno estatal y los municipios bajo su jurisdicción.