La decisión del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de cancelar el Pase Turístico ha generado un alivio en Coahuila, donde diputados locales y ciudadanos consideran que la medida era una «ocurrencia» que afectaba el libre tránsito entre estados. El Pase Turístico, implementado para regular el acceso de turistas a ciertas zonas, fue criticado por generar complicaciones en la movilidad y generar costos innecesarios para los coahuilenses que viajan a Nuevo León. La cancelación fue celebrada como una solución que evita conflictos económicos y logísticos en la región.
El Pase Turístico fue introducido con el argumento de proteger la infraestructura y los recursos naturales de Nuevo León, pero su aplicación generó descontento entre los habitantes de Coahuila, que comparten fronteras y rutas de transporte con el estado vecino. Diputados locales señalaron que la medida no solo perjudicaba a los turistas, sino también a los trabajadores y comerciantes que dependen del flujo constante de personas entre ambas entidades. La cancelación de este pase se interpreta como un paso hacia la normalización de las relaciones interregionales.
La controversia surgió tras la implementación del Pase Turístico, que exigía a los visitantes pagar un costo adicional para acceder a áreas como la Sierra Madre, el Parque Nacional El Cielo o la Zona Arqueológica de Cerro de las Navajas. Mientras que el gobierno de Nuevo León argumentó que la medida buscaba financiar la conservación del entorno, los críticos sostuvieron que no se ajustaba a los principios de libre circulación y que generaba desigualdades entre los estados. La decisión de García se enmarca en un esfuerzo por reducir tensiones y fomentar el turismo responsable.
Analistas regionales señalan que la cancelación del Pase Turístico podría tener un impacto positivo en el turismo local, al facilitar el acceso a destinos naturales y culturales. Sin embargo, también se plantea la necesidad de encontrar alternativas sostenibles para financiar la protección de los ecosistemas. La medida ha sido vista como un ejemplo de cooperación entre gobiernos estatales, aunque algunos sectores cuestionan si la falta de un sistema alternativo podría afectar la conservación de las áreas naturales. La decisión de García refleja un balance entre la economía y la preservación ambiental en la región.