El 29 de julio de 2026, un grupo de familias de Chiapas acudió a las afueras de la Escuela Normal Rural Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez para protestar contra supuestas torturas que sus hijos habrían sufrido durante un curso de inducción. Las denuncias, que incluyen golpes, humillaciones y privación de alimentos, se atribuyen a prácticas de novatadas que, según los afectados, se han repetido en años anteriores. Las familias exigen una investigación inmediata y el cese de estos actos, que consideran una violación de los derechos de los estudiantes.
La Escuela Normal Rural Mactumactzá, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, es una institución con más de 80 años de historia, conocida por formar maestros en zonas rurales de Chiapas. Sin embargo, en los últimos años ha sido escenario de controversias por la presencia de prácticas de hazing, que en algunos casos han generado denuncias de abuso físico y psicológico. Las familias de los afectados aseguran que las autoridades de la escuela no han actuado con transparencia, lo que ha generado descontento en la comunidad educativa.
Las denuncias se suman a un contexto más amplio de inquietud sobre la seguridad en escuelas rurales de la región. En 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe sobre el uso de técnicas de control en instituciones educativas, destacando que en Chiapas persisten casos de maltrato hacia menores. Los padres de los estudiantes acusan a la escuela de no cumplir con las normas de protección infantil, mientras que algunos exalumnos han compartido testimonios de experiencias similares en el pasado.
Las autoridades locales han respondido con un comunicado en el que afirman que se inició una investigación interna y que se activó un protocolo de atención a denuncias. Sin embargo, las familias piden que el caso sea revisado por organismos externos, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. También exigen que se implementen medidas para prevenir futuras prácticas de novatadas, incluyendo capacitaciones para el personal y la creación de canales de denuncia anónima. La situación ha generado un debate público sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la protección de sus estudiantes.