La Fiscalía General de la República (FGR) reportó 32 fosas clandestinas en México durante 2025, mientras que las fiscalías locales documentaron 651 en el mismo año, según un informe reciente. La diferencia se registra en seis estados, donde las autoridades estatales han identificado más entierros no registrados por la FGR. Esto genera dudas sobre la coordinación entre las instituciones y la precisión de los datos oficiales.
El estado de Sonora lidera el recuento con 204 fosas encontradas por parte de las fiscalías locales, seguido de otros estados que han priorizado la búsqueda de restos en zonas de conflicto o con alta incidencia de delincuencia. La FGR, por su parte, ha señalado que su conteo refleja las investigaciones en curso, aunque no se especifica si hay diferencias en los criterios de identificación o en la priorización de casos.
Este desfase en los números afecta directamente a las familias que buscan a seres queridos desaparecidos, ya que la falta de un registro unificado puede retrasar la localización de restos o generar confusiones sobre la ubicación de los cuerpos. Más de 130,000 personas permanecen desaparecidas en el país, lo que evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de mayor transparencia en las investigaciones.
Las autoridades han mencionado que la colaboración entre entidades federales y estatales es clave para resolver casos, pero la discrepancia en los datos sugiere que aún hay desafíos en la sistematización de la información. Ciudadanos de Nuevo León y otras regiones afectadas por la violencia podrían verse afectados por la falta de claridad en los procesos de identificación y repatriación de restos.
Expertos en derechos humanos piden que se establezca un mecanismo común para registrar las fosas, con el fin de evitar duplicidades o omisiones que dificulten la justicia para las víctimas. La sociedad civil también exige que se priorice la actualización de bases de datos y la comunicación clara con las familias, para evitar que la burocracia prolongue el sufrimiento de quienes esperan respuestas.
El caso de las fosas clandestinas refleja un problema sistémico que requiere acciones inmediatas, como la capacitación de personal, la implementación de protocolos estandarizados y la participación activa de las comunidades en la búsqueda de justicia. La población, especialmente en zonas con altos índices de desapariciones, espera que las autoridades resuelvan estos contrastes para garantizar que nadie quede en el olvido.