El municipio de Santiago, en el estado de Guanajuato, solicita un incremento en la vigilancia federal en la Carretera Nacional tras un accidente que dejó a cuatro personas fallecidas. El alcalde David de la Peña exige patrullajes reforzados en un tramo de 26 kilómetros de la vía, que considera uno de los más peligrosos de la región. Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Guardia Nacional han señalado que el municipio debe asumir la responsabilidad del mantenimiento de la carretera, lo que ha generado un desacuerdo entre las autoridades.
La Carretera Nacional, que conecta distintas zonas del centro de México, es la séptima con más accidentes en la región, según el Observatorio Ciudadano. En 2026, se registraron 216 percances en este tramo, lo que ha generado preocupación entre los residentes y los funcionarios locales. El alcalde de Santiago argumenta que la falta de supervisión federal ha incrementado el riesgo para los conductores, especialmente en curvas y zonas con visibilidad limitada, y que la colaboración entre niveles de gobierno es esencial para mejorar la seguridad vial.
El conflicto entre el municipio y las instituciones federales refleja una tensión común en la gestión de infraestructura en zonas rurales y urbanas. Mientras la SICT y la Guardia Nacional sostienen que el mantenimiento de la carretera corresponde a las autoridades locales, el alcalde insiste en que la responsabilidad compartida incluye la presencia de elementos de seguridad para prevenir accidentes. Esta situación pone en evidencia la necesidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno para abordar problemas como la falta de señalización, la iluminación y la pavimentación en tramos críticos.
Las autoridades locales han llamado a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad en la vía y a seguir las recomendaciones de seguridad, como reducir la velocidad y evitar la conducción bajo la influencia de alcohol. Por su parte, el Observatorio Ciudadano ha instado a las instituciones a priorizar la mejora de la infraestructura vial para reducir la tasa de accidentes, que han afectado a familias y comunidades en la región. La resolución de este conflicto podría marcar un precedente para la cooperación entre el municipio y las autoridades federales en temas de movilidad y seguridad.