La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, promulgó la Ley de Sistema de Cuidados con perspectiva feminista, un marco legal que reconoce el trabajo de cuidado como un derecho humano. Este anuncio se dio en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, reforzando el compromiso del gobierno capitalino con la equidad de género. La medida busca transformar la distribución de las labores domésticas y de cuidado, que históricamente recaen en las mujeres, y garantizar su valoración social y económica.
La iniciativa, impulsada por el gobierno local, busca redistribuir las responsabilidades de cuidado entre todos los miembros de la sociedad, fomentando la participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Según Brugada, la ley busca «dignificar el trabajo de cuidado, que ha sido históricamente invisibilizado y subvalorado, especialmente en las mujeres». La normativa incluye mecanismos para promover la conciliación laboral y familiar, así como programas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.
Este desarrollo se enmarca en un contexto de creciente movilización por la equidad de género en México. Organizaciones feministas y activistas han exigido políticas públicas que aborden la brecha de género en el ámbito laboral y familiar. La ley también responde a las demandas de la sociedad civil, que ha señalado que el 70% de las labores de cuidado en el país son realizadas por mujeres. El texto legal establece la creación de un sistema integral de cuidados, que incluirá servicios públicos, capacitación y políticas de inclusión laboral.
Las posibles consecuencias de la ley incluyen un cambio cultural en la percepción del trabajo de cuidado, así como la implementación de programas que apoyen a las mujeres en su participación económica. Sin embargo, expertos advierten que su éxito dependerá de la inversión gubernamental y de la colaboración con sectores privados. La ley también podría servir como modelo para otras entidades federativas, impulsando una transformación nacional en la política de género. La promulgación de esta normativa marca un hito en la agenda de derechos humanos en la Ciudad de México.