Nuevo México prohíbe centros de detención de migrantes y rompe con ICE
La Legislatura estatal aprobó una ley que anula contratos públicos para encarcelar a personas por asuntos migratorios y veta nuevos convenios con fuerzas locales. La decisión impacta tres instalaciones con capacidad cercana a tres mil plazas y contrasta con el impulso federal para ampliar la red de detención.
La norma impide que dependencias estatales y gobiernos locales firmen o mantengan acuerdos para recluir a personas por infracciones migratorias de carácter civil. También ordena rescindir los contratos vigentes y prohíbe que policías y alguaciles establezcan acuerdos de cooperación con ICE para operar centros de detención.
En el estado funcionan tres recintos dedicados a la detención de migrantes, con alrededor de tres mil camas en total. Organizaciones civiles celebraron el cambio y lo describieron como un avance para limitar la participación de Nuevo México en el sistema de detención y deportación.
La medida llega mientras el gobierno federal impulsa nuevas instalaciones en todo el país mediante la compra de más de 20 bodegas para habilitarlas como centros, incluida una proyectada en Hutchins, Texas, con cerca de nueve mil quinientas plazas. En enero se registraron más de 73 mil personas bajo custodia, el mayor nivel desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional, y 2025 cerró con el número más alto de fallecimientos en al menos dos décadas; en lo que va de 2026 ya suman al menos tres.
Con este paso, Nuevo México se coloca entre los primeros estados fronterizos en adoptar una prohibición de este tipo y reaviva el debate nacional sobre la respuesta a la migración.