El gobierno de México y los empresarios del sector gasolinero firmaron un acuerdo voluntario para establecer un tope de 24 pesos por litro para la gasolina regular con octanaje menor a 91, durante los próximos seis meses. Este acuerdo, denominado “Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México”, busca evitar aumentos en el precio de la canasta básica.
El acuerdo, firmado en el Palacio Nacional, no será aplicable en las zonas fronterizas debido a sus estructuras de costos y estímulos fiscales específicos. Petróleos Mexicanos (Pemex) establecerá un precio mayorista nacional para la gasolina regular que permita cumplir con el objetivo de precios justos. Los permisionarios deberán reportar diariamente los precios de los combustibles, y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continuará monitoreando los precios y establecerá mecanismos de información semanal.
La Secretaría de Hacienda mantendrá estímulos fiscales para suavizar las variaciones en el precio de venta final de los combustibles. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la institución que la sustituya, y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente también mantendrán su labor de supervisión.
El acuerdo es inicialmente por seis meses y se revisará posteriormente para evaluar su funcionamiento y considerar cualquier cambio necesario. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el objetivo es que la gasolina no cueste más de 24 pesos por litro durante este período[1][3][4].