El Senado de México aprobó una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) el 13 de febrero, después de casi seis horas de intensa discusión. La reforma fue aprobada en lo general con 71 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, y posteriormente en lo particular con 67 votos a favor y 35 en contra.
Principales Cambios
– Creación de una empresa filial constructora : La reforma permite al Infonavit crear una empresa filial encargada de la construcción de viviendas, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda social. Esta empresa estará sujeta a mecanismos de control y transparencia[1][2][4].
– Arrendamientos accesibles con opción de compra : Se facilitará el acceso a viviendas a través de arrendamientos accesibles con la opción de compra, lo que busca reducir el costo de las viviendas en un 30% al utilizar terrenos otorgados por estados y municipios[1][2][4].
– Supervisión y vigilancia : La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estarán a cargo de emitir normas de carácter prudencial y sanas prácticas para las operaciones de crédito del Infonavit. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también fiscalizará la actividad del Infonavit, aunque los créditos de los trabajadores no serán objeto de fiscalización[1][2][4].
– Transparencia : Se pondrá a disposición del público información actualizada sobre la situación del fondo de inversión, los proyectos de construcción y la contratación de proveedores que lleve a cabo la empresa filial[1][2].
Críticas de la Oposición
La oposición, representada por partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, expresó preocupaciones sobre el manejo de los fondos del Infonavit. Se argumentó que la reforma pone en riesgo los 2.4 billones de pesos en activos del Infonavit y que no hay suficientes candados para el uso de estos recursos, lo que podría afectar a 77 millones de familias[1][2][3].
Defensa del Gobierno
El gobierno y los legisladores del partido Morena defendieron la reforma, argumentando que su objetivo es impulsar la construcción de vivienda de interés social, recuperar terrenos no terminados y permitir auditorías por un órgano público especializado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había desmentido previamente que la reforma busque afectar el ahorro depositado por los trabajadores mexicanos en el Infonavit[1][3].